Al cierre de agosto, México alcanzó un máximo histórico de 58 millones 272 mil tarjetas de crédito en circulación, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El crecimiento se explica principalmente por la incorporación de Nu a los registros del regulador como banco, con 10 millones 101 mil plásticos, lo que la ubica en tercer lugar del sistema bancario, por debajo de BBVA y Banamex.
La aprobación de la Ley de Economía Digital en el Congreso tiene como objetivo reducir el uso del efectivo en el país. Los datos muestran que los medios digitales de pago mantienen un crecimiento sostenido, mientras la infraestructura física de las instituciones financieras sigue a la baja.
El número de sucursales bancarias se redujo a 11,295 al cierre de agosto, 433 menos que en el mismo periodo del año previo. Los bancos han señalado que los cierres responden a la menor afluencia de usuarios o a la relocalización de infraestructura hacia zonas con mayor flujo de clientes.
Las cuentas de captación llegaron a 342.45 millones, con un aumento de 53.87 millones. De ese total, las cuentas activas sumaron 151.62 millones, 27.19 millones más que en agosto de 2025.
La Ley de Economía Digital, aprobada el 20 de octubre, busca disminuir el uso del efectivo en un contexto en el que 85% de las operaciones diarias se realizan con dinero físico. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzará con una estrategia para masificar los medios de pago en gasolineras y casetas.
Tras la aprobación del Legislativo, la iniciativa regresó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después habrá un plazo de quince días para que el gobierno federal determine los sectores estratégicos en los que se aplicará la ley.
La legislación también busca ampliar el uso de transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR y herramientas como CoDi y DiMo. Faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado, y establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar estos mecanismos para trámites y servicios públicos.
Asimismo, reconoce la CURP Digital como una opción de identificación para contratar servicios financieros a distancia. La ley contempla medidas para facilitar la recepción de pagos electrónicos en comercios y permitir el uso de efectivo o cheques cuando una contingencia impida realizar operaciones digitales.